Respuesta rápida:
Mantener los KPI de recuperación ante la jornada laboral de 42 horas y la Ley 2300 requiere que las empresas optimicen sus procesos de cobranza, reduzcan dependencia de tareas manuales y adopten estrategias más eficientes y alineadas con cumplimiento normativo. En este escenario, la automatización y el uso de tecnología especializada se vuelven claves para sostener la productividad, mejorar la gestión de cartera y adaptarse al nuevo contexto regulatorio.
Resumen ejecutivo:
Los cambios en las regulaciones locales pueden influir en distintos procesos de las empresas. Esto incluye la gestión de cobranza y, en consecuencia, los indicadores de recuperación de cartera. Ante la entrada en vigencia de normas como la jornada laboral de 42 horas en Colombia y la Ley 2300 o “Ley Dejen de Fregar”, implementar un plan de recuperación de deudas sin considerar estas disposiciones puede representar un riesgo para la eficiencia operativa y las finanzas corporativas, afectando no solo los KPI de recuperación, sino también el flujo de caja de la empresa.
En esta publicación te contamos qué establecen las leyes 2101 y 2300, cómo impactan la gestión de cobranza y qué medidas puedes tomar para evitar afectaciones en tus procesos. Además, te mostramos cómo un software de recuperación de deudas puede ayudarte a adaptarte a ambos escenarios.
La Ley 2101 de 2021 establece la reducción gradual de la jornada laboral semanal en el país, pasando de 48 a 42 horas de trabajo en Colombia, sin disminuir el salario ni afectar los derechos de los trabajadores. La implementación comenzó en julio de 2023 y culminará en julio de 2026, cuando entre plenamente en vigencia el nuevo límite máximo semanal.
La Ley 2300 de 2023, también conocida como “Ley Dejen de Fregar”, es una de las leyes que protegen a los deudores frente a prácticas invasivas o abusivas en procesos de cobranza. Su objetivo es proteger la intimidad y tranquilidad de los consumidores, regulando la forma en que empresas y gestores pueden contactarlos.
Esta normativa es considerada por muchas personas como la principal ley de hostigamiento de cobranza en Colombia, ya que establece límites para las llamadas, mensajes y demás comunicaciones relacionadas con el cobro de deudas.
La Ley 2300 “Dejen de Fregar” dice, en resumen, que:
Si bien ninguna de las dos son leyes de cobranza exclusivas, sí impactan directamente estos procesos. Por un lado, la Ley 2101 reduce el tiempo operativo disponible para los equipos. Por otro lado, la Ley 2300 es la nueva ley que protege a deudores de cobros abusivos, estableciendo límites sobre horarios, frecuencia y canales de contacto. Los impactos concretos en la gestión se pueden resumir en:
| Cambio normativo | Impacto en cobranzas | Consecuencias operativas |
| Reducción de la jornada laboral (Ley 2101) | Menor tiempo disponible para gestión manual de cartera | Mayor presión para mantener los KPI de recuperación |
| Restricción de horarios y frecuencia de contacto (Ley 2300) | Menos oportunidades de contacto con deudores | Necesidad de priorizar cuentas y mejorar segmentación |
| Limitación de canales no autorizados | Riesgo de incumplimiento normativo | Necesidad de trazabilidad y control de comunicaciones |
| Restricciones frente a prácticas invasivas | Cambio en estrategias tradicionales de cobranza | Mayor enfoque en automatización y eficiencia operativa |
| Menor margen operativo para equipos humanos | Posibles retrasos en seguimiento | Necesidad de optimizar flujos y reducir tareas manuales |
Ante este escenario, las empresas necesitan replantear sus procesos de recuperación de cartera para mantener productividad y cumplimiento normativo sin depender únicamente de aumentar volumen operativo.
Algunas medidas clave son:
Una de las claves para evitar que estas normas afecten los procesos de recuperación de cartera es verlas como una oportunidad para mejorar la operación. En ese sentido, el reto ya no pasa solo por avanzar en digitalización —algo que todavía representa una brecha para muchas empresas colombianas—, sino por incorporar automatización en la gestión de cobranza.
Lejos de reemplazar equipos, la automatización ayuda a adaptarse al nuevo escenario regulatorio planteado por las leyes 2101 y 2300. Por un lado, permite aprovechar mejor el tiempo operativo disponible; por otro, ayuda a reducir errores de contactabilidad que pueden derivar en reclamos, quejas o denuncias por malas prácticas de cobranza.
En este escenario, automatizar resulta útil porque:
No todas las plataformas de cobranza ofrecen el mismo nivel de adaptación operativa o cumplimiento normativo. En un contexto donde las empresas necesitan mantener la productividad con menos tiempo operativo y mayores restricciones regulatorias, elegir la herramienta adecuada se vuelve una decisión estratégica.
Al evaluar este tipo de soluciones, algunos aspectos importantes son:
Si buscas una solución que reúna estas características, Moonflow se posiciona como una alternativa enfocada en automatizar la gestión de cobranza, optimizar procesos de recuperación y adaptarse a las nuevas exigencias operativas y regulatorias del mercado colombiano. Además, incorpora inteligencia artificial para lograr una gestión más eficiente, estratégica y escalable. Conoce más sobre la plataforma y agenda una demostración.