¿Cómo mantener los KPI de recuperación ante la jornada de 42 horas y la Ley 2300?

Respuesta rápida:

Mantener los KPI de recuperación ante la jornada laboral de 42 horas y la Ley 2300 requiere que las empresas optimicen sus procesos de cobranza, reduzcan dependencia de tareas manuales y adopten estrategias más eficientes y alineadas con cumplimiento normativo. En este escenario, la automatización y el uso de tecnología especializada se vuelven claves para sostener la productividad, mejorar la gestión de cartera y adaptarse al nuevo contexto regulatorio.

Resumen ejecutivo:

• La reducción de la jornada laboral a 42 horas obliga a las empresas a replantear sus procesos de cobranza para mantener productividad y continuidad operativa con menos tiempo disponible.
• La Ley 2300 limita horarios, frecuencia y canales de contacto, por lo que las estrategias tradicionales de cobranza masiva pueden generar riesgos regulatorios y afectar la experiencia del cliente.
• Mantener los KPI de recuperación en el nuevo contexto regulatorio requiere priorizar cartera, optimizar tiempos y reducir dependencia de procesos manuales.
• La automatización permite sostener la eficiencia operativa al mejorar segmentación, trazabilidad, control de comunicaciones y seguimiento de cartera.
• Elegir un software de cobranza adaptable a la normativa colombiana puede ayudar a las empresas a mantener cumplimiento, escalar operaciones y tomar decisiones más estratégicas basadas en datos.

Los cambios en las regulaciones locales pueden influir en distintos procesos de las empresas. Esto incluye la gestión de cobranza y, en consecuencia, los indicadores de recuperación de cartera. Ante la entrada en vigencia de normas como la jornada laboral de 42 horas en Colombia y la Ley 2300 o “Ley Dejen de Fregar”, implementar un plan de recuperación de deudas sin considerar estas disposiciones puede representar un riesgo para la eficiencia operativa y las finanzas corporativas, afectando no solo los KPI de recuperación, sino también el flujo de caja de la empresa.

En esta publicación te contamos qué establecen las leyes 2101 y 2300, cómo impactan la gestión de cobranza y qué medidas puedes tomar para evitar afectaciones en tus procesos. Además, te mostramos cómo un software de recuperación de deudas puede ayudarte a adaptarte a ambos escenarios.

¿Qué es la ley 2101? Reducción de la jornada laboral

La Ley 2101 de 2021 establece la reducción gradual de la jornada laboral semanal en el país, pasando de 48 a 42 horas de trabajo en Colombia, sin disminuir el salario ni afectar los derechos de los trabajadores. La implementación comenzó en julio de 2023 y culminará en julio de 2026, cuando entre plenamente en vigencia el nuevo límite máximo semanal.

¿Qué es la ley 2300 del 2023 Colombia?

La Ley 2300 de 2023, también conocida como “Ley Dejen de Fregar”, es una de las leyes que protegen a los deudores frente a prácticas invasivas o abusivas en procesos de cobranza. Su objetivo es proteger la intimidad y tranquilidad de los consumidores, regulando la forma en que empresas y gestores pueden contactarlos.

Esta normativa es considerada por muchas personas como la principal ley de hostigamiento de cobranza en Colombia, ya que establece límites para las llamadas, mensajes y demás comunicaciones relacionadas con el cobro de deudas.

La Ley 2300 “Dejen de Fregar” dice, en resumen, que:

• Las gestiones de cobranza solo pueden realizarse en horarios específicos.
• No se puede contactar al deudor varias veces al día ni por múltiples canales durante la misma semana.
• Las empresas únicamente pueden comunicarse a través de canales autorizados previamente por el consumidor.
• No está permitido contactar referencias personales para ejercer presión de cobro.
• Se restringen las visitas al domicilio o lugar de trabajo para realizar cobranzas.

Ley 2101 y Ley 2300: ¿Cómo afectan las cobranzas?

Si bien ninguna de las dos son leyes de cobranza exclusivas, sí impactan directamente estos procesos. Por un lado, la Ley 2101 reduce el tiempo operativo disponible para los equipos. Por otro lado, la Ley 2300 es la nueva ley que protege a deudores de cobros abusivos, estableciendo límites sobre horarios, frecuencia y canales de contacto. Los impactos concretos en la gestión se pueden resumir en:

¿Qué medidas se deben tomar para la gestión de cobranzas?

Ante este escenario, las empresas necesitan replantear sus procesos de recuperación de cartera para mantener productividad y cumplimiento normativo sin depender únicamente de aumentar volumen operativo.

Algunas medidas clave son:

• Priorizar cuentas estratégicas. No todas las cuentas requieren el mismo nivel de gestión. Segmentar cartera según riesgo, antigüedad o probabilidad de pago permite optimizar recursos y tiempos.
• Redefinir estrategias de contacto. Las restricciones de frecuencia y horarios obligan a que cada interacción sea más planificada, relevante y oportuna.
• Estandarizar protocolos de cobranza. Definir lineamientos claros sobre contacto, seguimiento y tratamiento de clientes ayuda a reducir errores y riesgos regulatorios.
• Capacitar equipos sobre cumplimiento normativo. Las áreas de cobranza necesitan conocer las limitaciones legales y adaptar sus prácticas al nuevo contexto regulatorio.
• Reducir la dependencia de modelos manuales y masivos. Las jornadas más cortas hacen menos eficiente una operación basada únicamente en llamadas repetitivas o seguimiento manual.
• Mejorar coordinación entre áreas. Finanzas, cobranzas y atención al cliente deben trabajar de manera más integrada para acelerar respuestas y reducir fricción operativa.

El rol de la automatización para mantener los KPI ante la legislación colombiana

Una de las claves para evitar que estas normas afecten los procesos de recuperación de cartera es verlas como una oportunidad para mejorar la operación. En ese sentido, el reto ya no pasa solo por avanzar en digitalización —algo que todavía representa una brecha para muchas empresas colombianas—, sino por incorporar automatización en la gestión de cobranza.

Lejos de reemplazar equipos, la automatización ayuda a adaptarse al nuevo escenario regulatorio planteado por las leyes 2101 y 2300. Por un lado, permite aprovechar mejor el tiempo operativo disponible; por otro, ayuda a reducir errores de contactabilidad que pueden derivar en reclamos, quejas o denuncias por malas prácticas de cobranza.

En este escenario, automatizar resulta útil porque:

• Reduce la carga operativa asociada a tareas repetitivas.
• Facilita el cumplimiento de horarios y frecuencia de contacto.
• Permite sostener continuidad operativa incluso con jornadas más cortas.
• Mejora el monitoreo de KPI y desempeño de recuperación.
• Ayuda a centralizar trazabilidad y control de comunicaciones.
• Optimiza la segmentación y priorización de cartera.

¿Qué buscar en un software de cobranza automatizado?

No todas las plataformas de cobranza ofrecen el mismo nivel de adaptación operativa o cumplimiento normativo. En un contexto donde las empresas necesitan mantener la productividad con menos tiempo operativo y mayores restricciones regulatorias, elegir la herramienta adecuada se vuelve una decisión estratégica.

Al evaluar este tipo de soluciones, algunos aspectos importantes son:

• Capacidad de adaptación normativa. La solución debe ajustarse fácilmente a cambios regulatorios y políticas internas sin depender de procesos manuales complejos.
• Escalabilidad operativa. El sistema debe acompañar el crecimiento de la cartera sin incrementar proporcionalmente carga administrativa o costos operativos.
• Integración con otros sistemas del negocio. ERP, CRM, canales digitales y pasarelas de pago deben poder conectarse para evitar reprocesos e información fragmentada.
• Visibilidad para la toma de decisiones. Más allá de automatizar tareas, la plataforma debe facilitar análisis sobre recuperación, productividad y comportamiento de cartera.
• Personalización de estrategias de gestión. Cada segmento de clientes requiere flujos, prioridades y tratamientos distintos según riesgo y perfil de pago.

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